El escándalo en el que se ha visto envuelto el
defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, tiene los ojos de los medios de
comunicación puestos sobre los casos de acoso laboral que podrían tener lugar
en el ejercicio de la función pública. La justicia no se ha escapado de ese
visor y así lo demuestra la sanción que recibió un juez que protagonizó un
increíble caso abuso de poder en Ibagué.
El Consejo Superior de la Judicatura sancionó con
destitución e inhabilidad por 10 años a un juez penal de la capital tolimense
que amenazó a una de sus subalternas con dejarla sin trabajo si no le
colaboraba para hacerse a un crédito por 10 millones de pesos.
Jorge Enrique Páez García es un juez que se
dedicaba a presidir y resolver audiencias de legalización
de capturas e
imposición de medidas de aseguramiento contra temidos delincuentes, entre otros
procesados por las autoridades en Ibagué.
Al parecer, su contribución a la judicialización de
hombres y mujeres sospechosos de cometer los más espeluznantes delitos quedó empañada
por la relación que tejió con algunos de sus subalternos. Su oficial mayor
relató, en una denuncia, cómo ella y algunos de sus compañeros resultaron
siendo víctimas de las necesidades económicas que, presumiblemente, aquejaban a
este penalista.
Aparentemente, la situación financiera del juez era
apremiante a más no poder. Tanto, que se vio obligado a utilizar su poder para
obligar a sus empleados a que le ayudaran, sí o sí, a hacerse con un préstamo
por 10 millones de pesos. Al menos así lo deja ver el testimonio de la mujer
que dice haber sido blanco de la incómoda petición.
Según lo dicho por ella, el juez Páez le pidió
ayuda para obtener el préstamo en Coopjudicial, una de las cooperativas de
empleados de la rama judicial. Ella expresó tener sus reservas, al recordar que
dos de sus compañeros de trabajo habían sido sometidos a esa misma situación.
Por eso, dijo, se negó a prestarle ayuda a su jefe.
A la ya inusitada proposición se sumó la insólita
respuesta del juez. Al parecer, estaría dispuesto a asegurarse de que la
empleada fuera marginada del juzgado si se resistía a cooperar. “El préstamo, o
se va” fue la expresión que, según la quejosa, utilizó el jurista para
obligarla a colaborar.
El impasse habría generado una discusión más que
acalorada. Otros empleados y demás jueces que laboraban en el complejo judicial
de Ibagué dijeron haber sido testigos del desencuentro. Al parecer, la víctima
no sólo se opuso a prestarse para concretar las intenciones del togado, sino
que lo llamó criminal.
Tras consultarlo con un amigo, la mujer interpuso
una denuncia ante la Fiscalía. Además, presentó una queja disciplinaria contra
Páez García ante el Consejo Seccional de la Judicatura de la capital tolimense.
El juez se defendió. Trató de explicar que lo que
buscaba de su empleada era que figurara como titular del préstamo, en el cual
él haría las veces de codeudor. Dijo que lo hizo teniendo en cuenta que en otra
oportunidad él fue el titular de un compromiso crediticio que habían tomado la
oficial mayor y su novio.
Pero, ante la contundencia de las evidencias, ese
órgano jurisdiccional le impuso al togado una ejemplar sanción que parece
llamar la atención sobre los abusos de poder de quienes ocupan las más altas
dignidades del Estado. Lo destituyó e inhabilitó en el ejercicio de funciones
judiciales por 10 años.
Pese a los alegatos del sancionado, el Consejo
Superior de la Judicatura ratificó la sanción, lo que le impedirá seguir
desempeñándose en funciones jurisdiccionales durante la próxima década. La determinación
puede sonar ejemplarizante en estos días, cuando se habla de presiones y abusos
de jefes contra sus subordinados.
Fuente: Semana.com enero 26 de 2016