No son pocas las pequeñas y
medianas empresas colombianas que por estos días están en “alerta máxima”
debido a que deben adaptar su contabilidad al modelo internacional que acogió
el país con la Ley 1314 del 2009. El plazo de migración es el 31 de diciembre
del 2016.
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) enfrentan
grandes retos, quizás los empresarios no consideren como uno de los más
urgentes la producción y uso de la contabilidad.
Frente a problemas tan graves como las dificultades
de financiamiento, los altos costos de la formalización y estructuración
empresarial, la dura competencia con productos importados o la débil
infraestructura del país, el de la contabilidad y la información financiera
pueden parecer secundarios; sin embargo, recientes cambios muestran que la
contabilidad implica riesgos y retos a los que los empresarios de las pymes y
el Estado deben dar mayor prioridad.
Según cifras del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo a junio de 2014, las pymes representan el 3,5 % del tejido
empresarial del país; además, las microempresas son el 96,4 % de las entidades,
mientras que las grandes alcanzan apenas el 0,1%. Pero como dato muy relevante,
las microempresas generan un poco más del 50 % del empleo y las pymes alcanzan
el 30,5 % de la ocupación nacional; esto significa que lo que pase con ellas es
determinante para los procesos económicos nacionales.
En la actualidad, la atención de las pymes (así
como de las grandes empresas) se ha dirigido, esencialmente, a los asuntos
contables por los cambios legales en las normas y en los marcos técnicos de
contabilidad e información financiera que deben seguir las empresas; estos
cambios buscan que en el país se implementen las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), según la Ley 1314 de 2009 y sus decretos
reglamentarios.
Entre otras cosas, tal transformación implica la
separación de la contabilidad comercial o financiera de la información
tributaria. Según el Decreto 2548 de 2014, las empresas deben llevar un sistema
de