El 31 de diciembre, el gobierno de Gustavo Petro expidió el Decreto 1485, una norma que terminará de marchitar a las administradoras de fondos de pensiones y al seguro previsional. Al final del día, el jaque mate al sistema pensional colombiano.
El decreto en cuestión modifica uno expedido en 2015 que establecía que
cuando el Gobierno incrementara el salario mínimo por encima de la inflación y
la productividad, debía asumir el costo de ese excedente, consignándolo en el
Fondo de Garantía de Pensión Mínima, a fin de garantizar el acceso a una
pensión de renta vitalicia para quienes cumplieran la edad y semanas exigidas,
y no tuvieran el capital suficiente.
Ahora, con el Decreto 1485, el Gobierno se desliga de esa obligación y deja el pago de las pensiones mínimas única y exclusivamente en manos del Fondo de Garantía, administrado por las AFP, y que se
nutre mensualmente con 1,5 % de nuestros aportes.El efecto es gravísimo: pensionarse se vuelve mucho más caro. Pensemos
en un hombre que cumple la edad y las 1.150 semanas exigidas y tiene un ahorro
acumulado de $200 millones. En 2025, una pensión mínima costaba aproximadamente
$350 millones, por lo que la diferencia —$150 millones— salía del Fondo de
Garantía.
Pero el aumento desmedido del salario mínimo y la expedición de este
decreto cambian completamente el panorama. Ahora, el costo real de la pensión
mínima se eleva a unos $560 millones, según cálculos de Asofondos. Es decir, el
monto que tendría que salir del Fondo de Garantía ya no sería de $150 millones,
sino de $360 millones.
El Fondo de Garantía se agotará mucho más rápido y desaparecerán las
pensiones por renta vitalicia. Cuando eso ocurra, el Estado entrará a “hacerse
cargo” de esas pensiones, financiándolas con más impuestos y más deuda pública,
una sobrecarga que tendrá que pagar mi generación y que hará ese pasivo
simplemente impagable.
Este es el caso de más de 15 millones de afiliados a los fondos
privados: cerca de 80% del total.
Pero ahí no termina el jaque mate. Legalmente, máximo 3% de 16% de la
cotización puede destinarse al pago del seguro previsional (el que cubre las
pensiones en caso de accidentes o fallecimiento) y a las comisiones de las AFP.
Con el Decreto 1485, la prima de dicho seguro se encarece de tal modo que
pasará de representar cerca de 2,5% a alrededor de 3,5%. Es decir, la sola
prima del seguro supera el límite legal.
Los fondos no podrán pagar una prima tan costosa, nuestras pensiones
quedarán sin aseguramiento en caso de invalidez o muerte y el seguro
previsional entrará en su fase terminal. Por su parte, las AFP quedarían, en la
práctica, administrando recursos sin comisión alguna.
En resumen, este decreto hace mucho más costoso pensionarse, acelera el
agotamiento del Fondo de Garantía, reduce el número de personas que lograrán
una pensión y vuelve inviable asegurar y administrar el ahorro pensional
privado. A largo plazo, además, toda esta bomba terminará inflando el pasivo
pensional de la Nación.
Si el Decreto 1485 no se cae, estamos ante el jaque mate al sistema
pensional