Según aseguraron fuentes del
Ministerio de Trabajo a LR, los empleadores colombianos tendrán los primeros
meses del año, se presume que hasta abril, para ultimar los detalles que les
permitan cumplir a rajatabla la Ley 1562 de 2012 que pretende asegurar la salud
de los trabajadores en su lugar de trabajo.
Además, la nueva entrada en
vigor de este nuevo sistema que modifica
el concepto de Programa de Salud Ocupacional y que se ha ido alargando
en el tiempo con varios decretos, como el de 1443 en 2014, se realizaría por
medio de diversas fases que se estarían estipulando antes de que finalice el
año.
En Colombia, 8 de cada 100
trabajadores sufrieron un accidente laboral el año pasado, una cifra que se
mantiene desde hace más de cinco años. En total, de acuerdo con cifras de
Fasecolda, en 2015 hubo 723.836 accidentes y 563 fallecidos en el ámbito de
trabajo, un panorama bastante desalentador que podría reducirse con la
implementación del nuevo sistema de seguridad laboral.
En este nuevo escenario, las
Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) tendrán un papel fundamental, pues
serán las encargadas de brindar asesoría y asistencia técnica en la
implementación a todos sus afiliados obligados a adelantar este proceso. Así mismo, presentarán informes semestrales a
las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo sobre las actividades
de asesoría y asistencia técnica, así como del grado de implementación del
SGSST.
“Es importante que los
empresarios implementen el SGSST. Con esta medida se busca prevenir las lesiones y enfermedades
causadas por las condiciones de trabajo a las cuales están expuestos los
empleados, controlar los riesgos y disminuir los índices de accidentalidad,
pensando siempre en su bienestar”, señaló Álvaro Vélez, presidente de Positiva
Compañía de Seguros.
Sin embargo, la
implementación es costosa, y Alberto Echavarría, vicepresidente jurídico de la
Andi, explicó que el retraso, especialmente en las pequeñas y medianas
empresas, obedece a la imposibilidad de asumir de golpe los altos costos que
implica y la poca oferta de profesionales que conozcan en profundidad sobre
este tipo de actividades. “Existen dos grandes cuellos de botella. Los altos
costos en relación con las pequeñas empresas y la poca oferta de personas
conocedoras del sistema, por lo que el sistema debería implementarse de forma
gradual”, declaró.
La misma opinión tiene
Guillermo Botero, presidente de Fenalco, quien explicó que “se ha ido aplazando
porque es un sistema altamente complejo, en el cual las Pyme no tienen las
condiciones necesarias. A pesar de su alto costo, se irá implementando poco a
poco en el tiempo establecido”, apuntó.
Precisamente, mediante el decreto 171 de 2016,
el Gobierno había dado un plazo máximo de hasta el 31 de enero de 2017 para que
las empresas públicas y privadas de más de 201 trabajadores adoptaran obligatoriamente este sistema. De
lo contrario, las compañías podrían ser sancionadas con multas de hasta 500 salarios mínimos
mensuales legales vigentes a la fecha en que se imponga la misma. Incluso, en
caso de reincidencia de tales conductas o por incumplimiento de los correctivos
que deban adoptarse, se podrían suspender actividades de las empresas hasta por
un término de 120 días o el cierre definitivo de estas.
Daria Cecilia Rivero,
gerente técnica nacional ARL Sura, explicó que una de las razones que se
encontró para el incumpliento es “que las empresas no estaban preparadas
logísticamente y con los recursos necesarios para implementarlo. Además,
existe una falencia de personal idóneo
para la implementación en el interior de las mismas compañías”.
Igualmente, indicó que los
beneficios para las empresas son claros. “Entre ellos, se encuentra la
disminución de pérdidas por accidentes de trabajo y enfermedades laborales,
lograr mejores niveles de calidad de vida de la población trabajadora y de sus
familias, generar ambientes de trabajo seguros y saludables, y crear e
implementar buenas prácticas en SST”.
Respecto al costo total que
tienen que asumir las compañías, Juan Guillermo Zuloaga, director de líneas de
capital humano de Axa Colpatria, opinó que “es difícil estimar un costo, dado
que cada empresa tiene unos recursos, número de empleados y actividad económica
diferente, por lo cual, el costo de la implementación y mantenimiento del
Sistema dependerá de las características específicas de las compañías y del
grado de avance que cada una tenga en materia de sistemas de gestión de calidad
que algunas empresas ya tienen implementados”, precisó Zuloaga.
El papel de las ARL en el
nuevo sistema laboral
Independiente de las
obligaciones estipuladas en el Sistema General de Riesgos Laborales, con este
nuevo sistema, las ARL deberán asumir otras funciones como prestar asesoría y
asistencia técnica a las empresas afiliadas para la implementación del SGSST.
También, deberán capacitar al COPASST o al Vigía en Seguridad y Salud en el
Trabajo en los aspectos relativos al SGSST. Igualmente, deberán realizar la
vigilancia delegada del cumplimiento del SGSST e informar a las direcciones
territoriales del Ministerio del Trabajo los casos en los cuales se evidencia
el no cumplimiento del mismo por parte de sus empresas afiliadas.
FUENTE: LA REPÚBLICA FINANZAS, Lunes, Diciembre 5, 2016