La atención de muchas organizaciones fue la actualización de información relacionada con beneficiarios finales.
Aunque inicialmente este tema fue percibido como una obligación de cumplimiento asociada a la prevención del lavado de activos, hoy se encuentra estrechamente vinculado con obligaciones tributarias, societarias y de transparencia corporativa.
La tendencia internacional es cada vez más evidente: las autoridades buscan identificar a las personas naturales que ejercen control real sobre estructuras empresariales y patrimoniales.
Por ello, julio dejó una recomendación importante para sociedades, fundaciones, patrimonios autónomos y otras estructuras jurídicas: verificar que la información reportada continúe siendo exacta y actualizada.
Las inconsistencias en esta materia pueden convertirse en futuras contingencias administrativas y tributarias.