El famoso médico y químico suizo Paracelso
(Theophrastus Bombastus von Hohenheim) solía indicar -con sabiduría
infinita- que “nada es veneno, todo es veneno: la diferencia está en la dosis”.
Lamentablemente, esa frase en Colombia se predica del sistema legal laboral que
está envenenando a los trabajadores con el exceso de protección.
Desde la promulgación de la
Constitución Política de 1991, es indudable que la normativa y la
jurisprudencia colombiana han estado marcadas por una fuerte tendencia hacia la
estabilidad laboral y la imposibilidad de despedir trabajadores sin la
autorización previa de un organismo estatal, que aun sustentándose en el
principio de igualdad material, han conllevado medidas de protección excesivas
que finalmente derivan en el desconocimiento de los mismos derechos y en
segregación social de los grupos poblacionales que pretendían amparar.
Nuestro país ha llegado a la cifra
récord de seis clases distintas de fuero de estabilidad laboral reforzada que,
en comparación con las legislaciones de otros países, como Venezuela, Chile o
Perú, resulta poco honrosa. Contrario a lo que la comunidad laboral podría
entender, en la práctica, el fenómeno ha desencadenado una cultura de temor a
la vinculación laboral de los trabajadores que se encuentren en situación de
protección o, más