La Superintendencia de Sociedades informa que el Congreso de la República ha aprobado la Ley 2437 de 2024, mediante la cual los Decretos Legislativos 560 y 772 de 2020, junto con sus reglamentarios 842 y 1332, se integran de manera definitiva al marco legal colombiano.
Estas normativas introdujeron mecanismos
efectivos para facilitar la reorganización empresarial, proteger empleos y
salvaguardar el crédito, ante la crisis causada por la pandemia del Covid-19.
Durante su vigencia se demostró la necesidad de convertirlas en legislación
permanente. Por ello, la Superintendencia de Sociedades lideró la propuesta,
contando con el respaldo del Congreso para consolidarla como una herramienta
clave para fortalecer el ecosistema empresarial colombiano.
Impacto y Beneficios
La aprobación de esta ley significa un avance
significativo en la promoción de un entorno empresarial competitivo y estable.
Entre los principales beneficios se destacan:
1. Acceso expedito a la justicia
empresarial: los procesos de reorganización y liquidación serán más
ágiles, reduciendo las barreras administrativas.
2. Herramientas de reactivación económica: mecanismos
como la capitalización de pasivos y pactos de deuda sostenible para apoyar la
recuperación de empresas.
3. Protección de empleos y crédito: las disposiciones buscan salvaguardar el tejido empresarial y proteger los derechos de los trabajadores.
4. Enfoque en MIPYMES y economía popular: se
implementan procedimientos abreviados atender empresas de menor tamaño y con
ello ayudar a la sostenibilidad de la economía popular.
5. Alineación con estándares internacionales: la
legislación ahora cumple con recomendaciones globales, como las de la ONU y la
OCDE, fortaleciendo la confianza de los inversores.
Un paso hacia la consolidación económica.
Al respecto, el Superintendente de Sociedades,
Billy Escobar, señala: “la Ley 2437 reafirma el compromiso del Estado
colombiano con el salvamento empresarial, ofreciendo soluciones sostenibles
para empresas en dificultades económicas. Su objeto es proteger las unidades
productivas, preservar empleos y fortalecer la confianza económica,
simplificando procesos de reorganización y liquidación.
Esta normativa consolida una cultura de
prevención y respuesta efectiva ante crisis financieras, fortaleciendo el
tejido empresarial como base de la estabilidad económica y social, la cual
beneficia a empresas con dificultades y fomenta la confianza de los inversores,
protege los derechos laborales y contribuye al desarrollo de una economía más
competitiva y resiliente”.
Con esta ley, el Congreso y el Gobierno
Nacional destacan a las empresas como motores del desarrollo nacional,
priorizando su sostenibilidad mediante herramientas modernas y alineadas con
estándares internacionales para afrontar los retos económicos con mayor
eficacia.