La Ley de financiamiento (LEY 1943 DE 2018), con el que el Gobierno Nacional buscó solventar parte del presupuesto del 2019 y hacer cambios que considera necesarios en materia tributaria, fue tumbada este miércoles por la Corte Constitucional. El alto tribunal
consideró que es inconstitucional y perderá vigencia hasta el 2020 y da espacio
para que el Gobierno presente un plan B.
Tras analizar las
demandas el alto tribunal consideró que es inconstitucional. La norma seguirá
vigente lo que resta del 2019, es decir, hasta el 31 de diciembre y da espacio
para que el Gobierno presente un plan B antes de finalizar el año, que
empezaría a regir en el 2020.
"La declaratoria
de inexequibilidad (...) surtirá efectos a partir del primero 1 de enero de dos
mil veinte (2020), a fin de que el Congreso, dentro de la potestad de
configuración que le es propia, expida el régimen que ratifique, derogue,
modifique o subrogue los contenidos de la ley", precisó un comunicado de
la Corte Constitucional.
El tribunal explicó
que en caso de que para el 31 de diciembre no se hubiere promulgado y publicado
una nueva ley, entrarán a regir el 1 de enero de 2020 las normas derogadas o
modificadas por la reforma fiscal.
Fuente https://www.portafolio.co